Los traductores e intérpretes de la Justicia denuncian la escasez de la plantilla de este colectivo y exigen la inmediata puesta en marcha de un registro oficial donde estén inscritos profesionales cualificados e imparciales.
Las comunidades recurren cada vez más a contratistas cuyo servicio suscita quejas de los profesionales. Las empresas aducen que apenas reciben reclamaciones oficiales.
Aunque los traductores, correctores e intérpretes realizan actividades diferentes, la mayoría de los profesionales por cuenta propia que se dedican a ellas tienen problemas similares.
España se consolida en los primeros puestos de Europa, pues las traducciones suponen el 21% de la producción editorial.