Las nuevas directrices europeas sobre IA sitúan la revisión profesional cualificada en el debate sobre la sustitución de traductores, intérpretes y correctores por sistemas automatizados
- Las directrices para la aplicación del artículo 50 del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, cuyas obligaciones comenzarán a aplicarse el próximo 2 de agosto, concretan el alcance de la revisión profesional cualificada en determinados contenidos generados o manipulados mediante IA
- Asetrad participó en la consulta pública abierta por la Comisión Europea para reclamar el valor del trabajo lingüístico y las oportunidades de las próximas generaciones de profesionales
La Comisión Europea ha publicado las nuevas directrices para orientar la aplicación de las obligaciones de transparencia del artículo 50 del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), que comenzarán a aplicarse el próximo 2 de agosto. Estas ponen en primer plano el papel que debe desempeñar la intervención del profesional cualificado ante el avance de los contenidos generados o manipulados mediante inteligencia artificial.
Asetrad participó en la consulta pública abierta por la Comisión para trasladar las implicaciones de la inteligencia artificial para la traducción, la interpretación y la corrección. La asociación reclamó el valor del trabajo lingüístico y las oportunidades de las próximas generaciones de profesionales.
Las directrices definitivas incorporan varios criterios alineados con las principales recomendaciones trasladadas por Asetrad. En determinados textos destinados a informar sobre asuntos de interés público, la revisión profesional cualificada relevante a efectos de las obligaciones de transparencia debe implicar un examen deliberado por parte de personas con conocimientos adecuados y criterio profesional. Además, las directrices recuerdan que, para poder acogerse a la excepción prevista en el artículo 50.4, el contenido debe estar sujeto a la responsabilidad editorial de una persona física o jurídica. Las comprobaciones limitadas a cuestiones formales, como la ortografía o la gramática, no se consideran suficientes.
«No estamos ante un debate sobre estar a favor o en contra de la inteligencia artificial. El problema surge cuando la tecnología se utiliza para sustituir indiscriminadamente a profesionales cualificados, devaluar su trabajo y presentar como equivalentes servicios que no ofrecen las mismas garantías», explica Rosa Llopis, presidenta de Asetrad.
Preservar el futuro del sector
Asetrad advierte que los modelos masivos de lenguaje se utilizan en ocasiones para sustituir servicios llevados a cabo por profesionales y alerta del denominado «neointrusismo digital», la comercialización de soluciones automatizadas que simulan una prestación profesional sin intervención de un profesional experto.
La asociación considera que esta tendencia puede reducir los encargos y dificultar la entrada al mercado laboral de nuevos traductores, intérpretes y correctores, limitando también sus posibilidades de adquirir experiencia y especialización.
«Si seguimos avanzando en esa dirección, no solo estaremos precarizando el presente del sector, sino cerrando las puertas a toda una generación de futuros traductores, intérpretes y correctores», advierte Llopis.
Revisar no es solo corregir errores
Para Asetrad, las nuevas directrices ponen de relieve el valor de una intervención profesional cualificada, especialmente en ámbitos como la administración pública, la justicia o la sanidad, donde una traducción incorrecta puede afectar a la comprensión de derechos, obligaciones o información relacionada con la seguridad.
La asociación recuerda, además, que los sistemas automatizados no pueden asumir responsabilidad jurídica por sus resultados y pide concretar qué competencias debe reunir la persona encargada de supervisar estos contenidos.
Asetrad reclama que el desarrollo de la inteligencia artificial tenga en cuenta sus consecuencias laborales y la protección de la propiedad intelectual. La asociación defiende el uso de la tecnología como herramienta auxiliar, pero rechaza que su implantación sirva para devaluar el trabajo profesional o comprometer el futuro laboral del sector.